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Los obispos cuestionan la detención de una niña con parálisis cerebral

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La aplicación de las leyes de inmigración debe ser compasiva, enfocarse en los delincuentes, no en pacientes que esperan cirugía

AUSTIN – El caso de una niña de 10 años, indocumentada, que fue detenida por agentes federales en su camino a una cirugía de emergencia, resalta la necesidad de aclarar las responsabilidades respecto de la seguridad de las fronteras de Estados Unidos entre los agentes locales y federales encargados de aplicar la ley.

Rosa María Hernández, de 10 años, quien tiene parálisis cerebral y ha vivido en Estados Unidos desde que tenía pocos meses de edad, fue detenida y retenida por agentes federales en la madrugada del martes 10 de octubre en su camino a un hospital en Corpus Christi para ser operada de emergencia de la vesícula biliar. Después de la cirugía fue separada de su familia y reubicada en un centro de detención juvenil en San Antonio. El jueves fue entregada a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

“Si bien estamos agradecidos de que Rosa María ahora está bajo el cuidado de la ORR y pronto deberá reunirse con su familia, no hay razón alguna por la que debiera haber tenido que sufrir tal trauma cuando necesitaba atención médica”, dijo el Obispo James Tamayo de la Diócesis de Laredo. “Me entristece e indigna que agentes de la Patrulla Fronteriza estén impidiendo que ambulancias transporten niños a los hospitales. Esta no es una acción humanitaria. También muestra por qué las personas temen a los agentes del orden público y por qué necesitamos una mayor protección para los lugares identificados por el ICE como ‘lugares sensibles’, tales como escuelas, lugares de culto y hospitales”.

El Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS, en cuya arquidiócesis Rosa María ahora está detenida, declaró: “Me he comunicado con las autoridades competentes y tengo la esperanza de reunirme con Rosa María y su familia lo antes posible. El miedo es la emoción dominante que abarca esta trágica situación; obviamente el miedo y el desconcierto que siente Rosa María y su familia en este momento, pero también el miedo que han de sentir algunos que ven a una niña enferma de 10 años como una especie de amenaza para la seguridad de nuestro país”.

Los funcionarios locales de la administración federal en este caso parecieron ignorar sus propias políticas. Un memorándum del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dice: “Las reglas establecen que las acciones ejecutivas en o enfocadas en las localidades sensibles tales como las escuelas, lugares de culto y hospitales deben ser evitados y que esas acciones pueden tomarse cuando (a) medie una autorización previa de un oficial superior o (b) haya circunstancias apremiantes que requieran acción inmediata sin la aprobación de un oficial superior”. La colocación de oficiales del DHS dentro del hospital es contraria a la intención del memorándum de localidades sensibles y socava la confianza de la comunidad.

Una nación soberana como la nuestra tiene el derecho de aplicar sus leyes de inmigración, pero estas al menos deben ser consistentes con la constitución de Estados Unidos y su ejecución debe prever castigos que sean proporcionales a las faltas. Una niña con discapacidades físicas que ha vivido en Estados Unidos casi toda su vida no debe ser tratada como criminal o como amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Este caso resalta aún más la urgencia de una reforma migratoria integral, que los obispos siempre han apoyado.

La Conferencia Católica de Obispos de Texas es la asociación de los obispos católicos de Texas. La TCCB representa 15 diócesis y a 19 obispos activos. A través de la TCCB los obispos ofrecen una voz en materia de moral y política pública social, acreditan a las escuelas católicas del estado y mantienen archivos que reflejan el trabajo y la historia de la Iglesia Católica en Texas.